¿Qué pasó en Quito y Santiago?
Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Álvaro Colom de Guatemala. Izurieta es analista de temas políticos en CNN en Español. Las opiniones en esta columna son del autor.
(CNN Español) — Manifestaciones fuertes (a decir lo menos) y violentas en Quito, Santiago, Barcelona, París, Hong Kong. ¿Por qué? Tenemos que hacer un paréntesis en el caso puntual de Venezuela (responde a una forma de gobierno que, bajo ningún punto de vista, puede ser llamado democrático) y las de Culiacán, México, que no fueron manifestaciones populares sino la respuesta armada del crimen organizado.
Mucho se ha hablado de lo que pasó en Quito y Santiago, que desde muchos aspectos tienen elementos en común. Considero que se dieron acciones coordinadas de fuerzas que buscaban conspirar contra sus respectivos gobiernos y atacar el orden establecido. Se dice, también con justa razón, que fue el descontento popular, la frustración de sentir que existe impunidad contra los alarmantes y escandalosos actos de corrupción como los de Odebrecht y muchos otros. Fueron también protestas legítimas de organizaciones políticas, indígenas, estudiantiles y sindicales.
Un elemento que encontramos en común en estos grupos de manifestantes, es que también se valen de la horizontalidad de comunicación vía redes sociales, el cual supone que cualquier ciudadano tiene la libertad de expresarse sin ningún filtro editorial o de veracidad. Dentro de esta paradoja de la libertad de expresión encontramos que así como puede ser una herramienta para comunicar el bien, también sirve para radicalizar luchas justas a extremos poco conciliadores que pueden escalar rápidamente en manifestaciones de violencia, daño patrimonial y otros.
Lo que sorprende de estos sucesos es el modo de operar en muchos casos, y de ciertas particularidades que se manifiestan, como la quema de estaciones del metro en Santiago, en donde se verifica una violencia desmedida además de una pericia para provocar un incendio en un lugar que está diseñado efectivamente para evitar incendios. O sea, una acción violenta de alto nivel.
En Quito, por el contrario, el día de mayor explosión social fue un sábado, frente a las tradicionales marchas sindicales que usualmente eligen un día laborable para que ese día fuera de pago. La incitación a manifestarse fue impulsada aprovechándose de la pobreza de los marginados (incluyendo a migrantes legales e indocumentados que estaban en las calles sin trabajo).
Nunca vamos a poder simplificar las causas de una revuelta cívica debido a la complejidad de factores, pero sí molesta muchas veces como abordan estos temas los medios de comunicación tradicionales, demeritando su poder o su alcance o encasillándoles como una acción de la “plebe o del populacho”. Lo que debemos tener claro es que en un estado de derecho cualquier grupo o ciudadano está en su legítimo derecho de manifestarse. Entonces, como dice Pedro Bordaberry en su artículo de CNN, más allá de cualquier simplismo, estos hechos son muy complejos y con muchas causas.
Dicho esto, los razones que más explican los niveles de violencia que se dieron en Quito y Santiago son dos. Primero, las redes sociales han reforzado opiniones extremas, eso se ha visto en los EE.UU., en el Brexit y en muchos otros países y sus elecciones. En vez de cuestionarnos más gracias a las pruebas de la realidad, las redes sociales, desde muchos aspectos, funcionan para reforzar las opiniones de cada uno. Una cosa es estar en contra de la migración y otra muy distinta es salir a matar migrantes como sucedió en el Paso, Texas.
No existe daño alguno si dentro de esta libertad, como la religiosa, las creencias se manifiestan en recintos privados con ideas basadas en su fe, pero me parece incorrecto y hasta criminal (y es ahí cuando cruzan una línea que no se debe cruzar): cuando quebrantan las fuerzas del orden o tratan de imponer ideologías a cuestiones de políticas públicas afectando el estado laico de una democracia.
¿Cómo vamos a detener la violencia? Con prevención, combatiendo la impunidad, pero con la ley en la mano y el orden. Eso es posible y es una obligación. Antes del ataque del 11 de septiembre, en los EE.UU. la política exterior y de seguridad estaba definida por su fuerza militar. Ahora, post 11 de septiembre, su defensa interna y externa está basada en la inteligencia militar y policial. Y por eso, la mayor cantidad de ataques en EE.UU. no han sido perpetrados por fuerzas terroristas externas, sino por terrorismo interno, de algunos pocos extremistas con libre disposición para adquirir armas.
El segundo problema fue la sincronización con la que operaron para ocasionar daños, sobre todo en Quito y con su control territorial/barrial. Sincronizados, informados entre ellos, aprovechándose del momento, incrementaban su control territorial. En Barcelona, era muy interesante ver cómo la policía peleaba por transitar, cruzar, sin siquiera tratar de detener a los manifestantes, pero transitando como para demostrar que van a pelear la calle. Era un problema de ocupación. Y es admirable cómo la policía en Quito logró controlar a los manifestantes de los vándalos la tarde y noche del jueves 10 de octubre en el parque del Arbolito, mientras los indígenas, estaban (aunque cerca) concentrados en el Ágora de la Casa de Cultura.
Todo es una oportunidad. La nuestra, es la de rediseñar las fuerzas del orden, para que de la mano con la ley y los principios que nos impulsan como sociedad que busca el progreso, se tenga por delante la seguridad ciudadana. Los hechos descritos, nos permiten y nos obligan a hacer ese rediseño. Tenemos más información. Nuestra obligación intelectual es adaptarnos a los hechos modernos para cumplir nuestros objetivos sociales que son y siempre serán los mismos: el bienestar y el progreso para las amplias mayorías.
