El vital rol de Henry Kissinger en el Golpe de Estado en Chile
(CNN Español) — El 4 de septiembre de 1970 los ojos del mundo se posicionaron en Chile: por primera vez en la historia, un candidato presidencial socialista, Salvador Allende, fue electo de forma democrática. Pero la noticia hizo especial eco el 15 de septiembre en la oficina oval de la Casa Blanca de Estados Unidos, donde el entonces presidente Richard Nixon dio una instrucción a la CIA: impulsar un golpe de Estado en el país austral a toda costa.
Así lo afirma el artículo “Extreme Option: Overthrow Allende”, uno de los tantos documentos publicados por el Archivo de Seguridad Nacional, un instituto de investigación no gubernamental independiente, a comienzos de noviembre de 2020, en conmemoración de los 50 años del día en que Salvador Allende asumió la presidencia de Chile.
“Nuestra principal preocupación en Chile es la perspectiva de que [Allende] pueda consolidarse y la imagen que se proyecte al mundo sea la de su éxito”, explicó en ese entonces el presidente Nixon mientras daba instrucciones a su equipo de seguridad nacional para iniciar un programa de agresión hostil para desestabilizar la capacidad de Allende para gobernar. “Seremos muy fríos y muy correctos, pero haciendo aquellas cosas que serán un verdadero mensaje para Allende y otros”, indican los documentos.
En aquella reunión del 15 de septiembre de 1970 estuvieron presentes el consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger, el fiscal general John Mitchell y el director de la CIA, Richard Helms, cuyas notas en su libreta afirman que Nixon instruyó evitar a como diera lugar que el recién electo mandatario Salvador Allende asumiera su cargo en noviembre, o bien, crear las condiciones necesarias para derrocarlo si llegaba a asumir como mandatario. “Una oportunidad en 10, tal vez, pero salvar a Chile”; “No le preocupan los riesgos que involucra”; “Trabajo de tiempo completo: los mejores hombres que tenemos”; “Hacer que la economía grite”, dicen algunas de las notas reveladas por el Archivo de Seguridad Nacional.
¿Quién era Henry Kissinger, exsecretario de Estado y figura clave de la política exterior de EE.UU?
Según los documentos desclasificados, los funcionarios estadounidenses estudiaron en secreto la posibilidad de un golpe militar desde mucho antes de las elecciones del 4 de septiembre de 1970 en Chile. Henry Kissinger -quien presidía el comité a cargo de la estrategia en Chile- ya había solicitado una “evaluación a sangre fría” de “los pros y los contras y los problemas y perspectivas implicados en caso de que se organizara ahora un golpe militar chileno con ayuda de Estados Unidos”. Sin embargo, las diligencias no evitaron que Allende fuera electo, y otro documento titulado “Opción Extrema: Derrocar a Allende”, que abordaba las ventajas y desventajas de un golpe militar posterior a que Allende asumiera como presidente, comenzó a tomar mayor fuerza.
Para preparar el terreno, el 5 de agosto de 1970, el secretario de Estado adjunto John Crimmins había enviado al embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Korry, un pedido para ser “los ojos” de ellos en el país austral, y para pedirle su opinión sobre “las perspectivas de éxito de los militares y policías que intenten derrocar a Allende o impedir su toma de posesión” y “la importancia de la actitud de Estados Unidos para iniciar o el éxito de tal operación”.
Korry respondió con un documento de 13 páginas el 11 de agosto de 1970, donde identificaba plazos clave, los líderes potenciales y los obstáculos para el éxito de un posible golpe militar. Pero, ante los pedidos insistentes de Kissinger, Korry volvió a responder que los militares chilenos “no repetirán y ni se moverán para impedir la adhesión de Allende, salvo alguna situación improbable de caos nacional y violencia generalizada”. Korry advirtió que las oportunidades de que Estados Unidos actúe para presionar a los militares “son inexistentes. Ya saben que tienen nuestra bendición para cualquier movimiento serio contra Allende”.
Las advertencias de Korry se sumaron a las de otras autoridades, pero Kissinger no escuchó a nadie: rechazó los argumentos y documentos solicitados y los menospreció en sus informes al presidente Nixon. Kissinger, junto con el director de la CIA, Helms, quien apoyaba plenamente el derrocamiento de Allende a cualquier precio, hablaron por teléfono el 12 de septiembre sobre un golpe preventivo para bloquear a Allende, una conversación que Kissinger grabó en su sistema secreto de grabación. “No dejaremos que Chile se vaya por el desagüe”, afirmó Kissinger. “Estoy con usted”, respondió Helms.
De todas las personas que influyeron en la decisión golpista del 15 de septiembre del presidente Nixon, los documentos revelados por el Archivo de Seguridad Nacional afirman que Kissinger fue “el más cercano por su posición como consejero de seguridad nacional”, por ser un gran estadista, figura clave para la política exterior del gobierno y sobre todo por “su propia preocupación de que las elecciones libres y justas de Allende se convirtieran en un modelo para otras naciones de América Latina y Europa, amenazando el control y las alianzas de Estados Unidos”. Sin embargo, Nixon también se vio influenciado por los cables del embajador Korry, que recalcaban la necesidad de una desestabilización económica para crear una justificación para el golpe. Sin eso, las oportunidades de fracaso eran mucho mayores.
“Siento firmemente que esta línea es importante con respecto a su efecto en la gente del mundo”, afirmó posteriormente Nixon a su equipo, haciendo eco del argumento que Kissinger le había presentado sobre Allende. “Si (Allende) puede probar que puede establecer una política antiestadounidense marxista, otros harán lo mismo”, afirmó el mandatario. “Tendrá un efecto (…) incluso en Europa. No solo América Latina”, agregó Kissinger.
Las órdenes venideras dieron paso a algunos de los actos “más infames de los anales de la política exterior estadounidense”, según el Archivo de Seguridad Nacional. Para instigar un golpe, la CIA se centró en proporcionar armas, fondos e incluso pólizas de seguro de vida para los militares chilenos que participaran en la destitución del comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, el general René Schneider, quien se oponía a un golpe. El 22 de octubre de 1970, Schneider fue interceptado y recibió disparos cuando iba camino a su trabajo. Murió tres días después y su asesinato -apoyado por la CIA- se convirtió “en uno de los casos más legendarios de participación estadounidense en el asesinato de líderes extranjeros”, afirma el Archivo de Seguridad Nacional.
Tras este escándalo, los esfuerzos encubiertos de la CIA continuaron una senda clandestina de tres años para desestabilizar a Allende y su capacidad de gobernar, creando el “clima golpista” que condujo directamente al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, dirigido por el general Augusto Pinochet. Aquel día, el presidente Allende había llegado a La Moneda a las 7:35 am junto a sus asesores. A las 11 de la mañana llegaron las tropas militares y atacaron el Palacio con una ráfaga de disparos. A las 11:52 am el primer avión Hawker Hunter lanzó cohetes que impactaron el portón principal y las oficinas laterales del primer piso de La Moneda. A las 12:02 pm un cohete estalló en el segundo piso del ala sur, incendiando el frontis, techos y la bandera chilena de la entrada principal. A las 2:20 pm, Salvador Allende pidió salir del palacio de gobierno a quienes lo acompañaban en ese minuto. Se despidió de cada uno de ellos, asegurándoles que saldría del edificio. Sin embargo, uno de sus acompañantes, el Dr. Patricio Aguijón, escuchó un disparo proveniente del Salón Independencia, donde encontró el cuerpo sin vida de Allende. A las 2:30 pm los soldados ya habían ingresado al primer piso de La Moneda y sacaron al personal que quedaba en su interior por la puerta de Morandé 80.
Así fue el inicio de la dictadura militar chilena que se extendería por 17 años y que, según registro del Estado Chileno, dejaría al menos 3.200 personas asesinadas o desaparecidas. De ese total, se estima que las víctimas de desaparición forzada podrían ser unas 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponderían a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpos, precisando que se ha llegado a estimar sin certeza esa cantidad de víctimas.
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