El caso del aborto ante la Corte Suprema pone en primer plano la ley de castidad del siglo XIX

(CNN) — Las referencias de los jueces conservadores a una ley de castidad que lleva mucho tiempo sin aplicarse durante los argumentos de la Corte Suprema en un importante caso de píldoras abortivas esta semana atraen de nuevo la atención sobre el estatuto del siglo XIX, que prohíbe el envío por correo de medicamentos utilizados para abortos entre otros materiales “obscenos, impúdicos, lascivos” o “indecentes”.

La Ley Comstock, como se conoce a la ley, no es fundamental en el caso actual de la Corte Suprema. Sin embargo, los comentarios de los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito muestran cómo la ley se perfila como un punto conflictivo en la batalla legal sobre el aborto y un posible tema electoral para los votantes.

Lo más destacado de los argumentos en la Corte Suprema sobre la prohibición del medicamento para el aborto mifepristona

Desde el movimiento antiabortista se pide ahora que la Ley Comstock sea aplicada por el próximo gobierno republicano para prohibir el envío por correo de medicamentos abortivos, una medida que no requeriría ninguna acción del Congreso ni la aprobación de la Corte Suprema.

Pero hay incertidumbre y desacuerdo entre los defensores antiabortistas sobre lo que eso significa. Algunas figuras destacadas del movimiento antiabortista descartan la posibilidad de que se utilice para prohibir efectivamente el aborto con medicamentos, que depende del envío de fármacos abortivos a los proveedores, aunque otros detractores del aborto han afirmado que la ley, interpretada en toda su extensión, podría acabar no solo con el aborto con medicamentos, sino con el aborto en su totalidad.

Los partidarios del derecho al aborto argumentan que sus oponentes están sobreinterpretando la ley y están haciendo sonar las alarmas, ya que al menos algunos jueces de la Corte Suprema parecen estar considerando una interpretación maximalista del alcance de la ley.

Alito redactó el dictamen del Tribunal que anuló el caso Roe contra Wade, mientras que Thomas es considerado un pionero judicial por su éxito a la hora de incorporar a la corriente principal del derecho opiniones que antes se consideraban marginales. Su interés por la relevancia de la ley en el caso del martes habla de cómo la Ley Comstock ha adquirido un papel más destacado en los esfuerzos por limitar aún más el aborto.

“Anular un derecho constitucional a la intimidad que se extiende al aborto, como se refleja en el caso Roe vs. Wade, no es su punto de parada… harán cualquier cosa, aunque sea intentar resucitar una ley del siglo XIX que se aprobó antes de que las mujeres tuvieran derecho al voto”, declaró Skye Perryman, presidenta y CEO de la Fundación Democracy Forward.

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Comstock y el caso actual contra la FDA

La Ley Comstock fue promulgada por primera vez por el Congreso en 1873 para prohibir el uso del correo para transportar una amplia gama de materiales “lascivos”, entre ellos pornografía, anticonceptivos y medicamentos u otros instrumentos utilizados para abortar. Hubo algunos procesamientos en virtud de la ley en las primeras décadas después de su aprobación, pero los tribunales a principios del siglo XIX redujeron su alcance, y su aplicación se detuvo por completo mientras Roe vs. Wade, el precedente de 1973 sobre el derecho al aborto que la Corte Suprema anuló en 2022, estaba en vigor.

Hasta ahora, la Ley Comstock solo ha desempeñado un papel secundario en el caso que la Corte Suprema escuchó el martes, que se refería al enfoque regulador del gobierno federal sobre la mifepristona, uno de los dos fármacos utilizados en el aborto con medicamentos. Los jueces están estudiando una impugnación de los cambios introducidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) en las normas que facilitan la obtención de la mifepristona, incluida la medida adoptada por la FDA en 2021, que permitía enviar el fármaco a las pacientes por correo sin necesidad de una visita médica en persona. (Los impugnadores también argumentaron que la mifepristona debía retirarse totalmente del mercado; aunque un juez de primera instancia les dio la razón, un tribunal de apelación revocó ese aspecto de la sentencia del juez).

Entre otros argumentos, los demandantes del caso, médicos y asociaciones médicas contrarios al aborto, han invocado la Ley Comstock para argumentar que la FDA actuó ilegalmente al no tener en cuenta la prohibición penal del siglo XIX de enviar por correo medicamentos abortivos.

Alito presionó el martes a la procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, que defendía a la FDA, sobre esos argumentos. Refiriéndose a la ley por su número de código estadounidense (18 U.S.C. 1461) en lugar de por su nombre coloquial, Alito dijo que Comstock era una “disposición prominente” y no una “oscura sección de una complicada ley”.

El gobierno de Biden sostiene que la Ley Comstock no es relevante para la actual disputa sobre la normativa médica del fármaco, porque no es tarea de la FDA interpretar y hacer cumplir un estatuto penal.

“Está muy claro que lo único que la FDA puede tener en cuenta para las restricciones son las cuestiones de seguridad y eficacia a la hora de decidir si mantiene un programa REMS”, dijo Prelogar el martes, refiriéndose a los tipos de restricciones que existen actualmente sobre el uso de la mifepristona.

Thomas también invocó el estatuto, preguntando a una abogada del fabricante de mifepristona cómo respondería al argumento de que “enviar su producto por correo y publicitarlo violaría la Ley Comstock”.

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Otros jueces del tribunal no mostraron interés en profundizar en la importancia de la Ley Comstock ni en muchas de las demás cuestiones jurídicas que plantea el caso. En su lugar, parecía haber una mayoría dispuesta a desestimar el caso porque los demandantes no habían demostrado su legitimación, es decir, el tipo de perjuicio que justificaría una acción judicial.

Pero se prestará mucha atención a cualquier comentario sobre el estatuto, aunque solo sea en una disidencia, cuando la Corte Suprema emita su fallo sobre el caso en los próximos meses.

“Podríamos ver una referencia a Comstock en la decisión final del tribunal, ya sea con respecto al resultado de este caso o a una señal más amplia de cómo algunos de los jueces creen que esta Ley Comstock podría utilizarse para eliminar por completo nuestro derecho al aborto en todo el país”, declaró Julia Kaye, abogada del proyecto de libertad reproductiva de la ACLU, en una conferencia de prensa posterior a los argumentos.

La aplicación de Comstock en el futuro

Dado que es poco probable que la Corte Suprema llegue a ninguna conclusión sobre el alcance de la ley en la audiencia del martes, el candidato que gane la presidencia en 2024 podría decidir si la Ley Comstock cobrará nueva vida.

El Departamento de Justicia, bajo la presidencia de Joe Biden, ha emitido una guía legal interna en la que afirma que las prohibiciones de la Ley Comstock no se aplican a los fármacos utilizados para abortos legales. El dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, que es vinculante en todo el gobierno federal pero no es determinante en los tribunales, se remite a sentencias judiciales de principios del siglo XX.

Sin embargo, algunos juristas creen que si la postura del Departamento de Justicia se invirtiera bajo una administración republicana y se interpretara que la ley se aplica a los fármacos utilizados tanto en abortos legales como ilegales podría aplicarse de forma que obstaculizara y potencialmente acabara con la prestación de servicios de aborto con medicamentos en todo el país, ya que no se permitiría a los fabricantes y distribuidores de fármacos enviar píldoras abortivas a través de la cadena de suministro.

Algunos creen que también se podría acabar con el acceso al aborto clínico, en una interpretación extrema de la ley, si la Ley Comstock se utilizara para prohibir el envío de herramientas e instrumentos utilizados para abortar a los proveedores de abortos.

Una agenda política elaborada por la Heritage Foundation, un influyente grupo de reflexión conservador, ha pedido que se aplique la ley, pero es parca en detalles sobre los fines.

Roger Severino, vicepresidente de política interior de la Heritage Foundation, rechazó la idea de que una futura administración pueda utilizar la ley de forma que el aborto, o incluso el aborto farmacológico, no esté disponible en los estados donde es legal.

“Las implicaciones de la Ley Comstock han sido exageradas por el lado proaborto”, dijo Severino, quien anteriormente trabajó en el Gobierno de Trump como alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Severino describió a CNN un escenario en el que el misoprostol, el otro fármaco utilizado para el aborto con medicamentos, seguiría siendo accesible para las mujeres que buscan abortar en estados donde el aborto es legal, ya que el misoprostol también tiene usos no relacionados con el aborto.

Algunos miembros del movimiento antiaborto, incluidos defensores que pidieron el anonimato para hablar con franqueza con CNN, desconfían de una reacción política si la Ley Comstock se aplica con demasiada agresividad, una reacción que presionaría al Congreso para derogarla por completo, y advierten que el expresidente Donald Trump, si es reelegido, debería tener en cuenta los riesgos políticos a la hora de decidir cómo debe aplicar la ley su Gobierno.

La campaña de Trump ha evitado pronunciarse públicamente sobre la Ley Comstock o incluso sobre la cuestión relacionada de cómo se regularían las píldoras abortivas si volviera a la Casa Blanca.

Personas cercanas a Trump dijeron a CNN que reconocen la complejidad de la cuestión, así como que muchos de los principales grupos antiaborto tienen diferentes opiniones sobre cómo abordar la lucha legal.

Las ramificaciones políticas de la decisión final de la Corte Suprema en el caso actual de la FDA también está en la vanguardia de cómo abordan el tema. Por ahora, Trump ha estado “en modo de escucha”, dijo una de las fuentes, y está siendo asesorado por varios de sus principales aliados antiaborto sobre los diferentes ángulos del caso.

— Michelle Shen y Alayna Treene de CNN contribuyeron con este informe.

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