Marco Rubio dice que el Gobierno decidió cancelar el 83% de los programas de USAID
La administración de Trump decidió cancelar el 83% de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y tiene la intención de que los programas restantes pasen a depender del Departamento de Estado, dijo el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio.
La medida de que los 1.000 programas restantes de la USAID sean administrados por el Departamento de Estado coronaría el rápido y drástico desmantelamiento de la organización humanitaria independiente de Estados Unidos, demonizada por el presidente Donald Trump y Elon Musk.
“Después de una revisión de 6 semanas, estamos cancelando oficialmente el 83% de los programas de la USAID”, dijo Rubio en un post en X desde su cuenta personal, no la oficial de secretario de Estado.
“Los 5.200 contratos que ahora se cancelan gastaron decenas de miles de millones de dólares en formas que no sirvieron (y en algunos casos incluso perjudicaron) a los intereses nacionales centrales de Estados Unidos”, afirmó sin dar detalles sobre los contratos cancelados.
“En consulta con el Congreso, pretendemos que el 18% restante de los programas que mantenemos (aproximadamente 1.000) se administren ahora de forma más eficaz bajo el Departamento de Estado”, dijo.
“Gracias al DOGE y a nuestro esforzado personal que ha trabajado muchísimas horas para lograr esta reforma histórica y atrasada”, dijo Rubio, en referencia a la oficina respaldada por Musk, que ha instalado funcionarios en todas las agencias federales y ha tomado medidas controvertidas para recortar el gasto federal.
En respuesta al post, Musk -con quien Rubio se había enemistado supuestamente- dijo: “Duro, pero necesario”.
“Ha sido un placer trabajar con usted. Las partes importantes de la USAID siempre deberían haber estado en el Departamento de Estado”, dijo Musk, que en repetidas ocasiones ha criticado a la USAID y ha dicho que deberían meterla en una trituradora de leña.
En una presentación judicial de finales de febrero, la administración declaró que había rescindido casi 5.800 adjudicaciones de la USAID. Según la presentación judicial, Rubio había “tomado una decisión final con respecto a cada concesión, de forma individualizada, optando afirmativamente por mantener la concesión o rescindirla en virtud de los términos del instrumento o de una autoridad legal independiente por ser incompatible con los intereses nacionales y la política exterior de Estados Unidos”.
Las fuentes que hablaron con CNN en ese momento dijeron que esas terminaciones incluían la financiación de programas que se habían considerado de salvamento y concedido exenciones a la congelación de la ayuda exterior. Varios funcionarios humanitarios describieron las terminaciones de las ayudas como “un baño de sangre”. Otros afirmaron que el despliegue de las rescisiones por parte del Departamento de Estado y la USAID fue confuso e inesperado, incluso para algunos funcionarios de esas agencias. Hubo informes de que algunos contratos rescindidos se habían restablecido.
CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para obtener más información, incluida la diferencia de cifras entre la publicación de Rubio y la presentación judicial.
La USAID distribuye anualmente miles de millones de dólares en todo el mundo para aliviar la pobreza, tratar enfermedades y responder a hambrunas y catástrofes naturales. También promueve la construcción de la democracia y el desarrollo apoyando a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación independientes e iniciativas sociales. La mayor parte de ese trabajo se ha paralizado por las maniobras de la administración Trump, que alegó mal uso y fraude.
A principios de febrero, Rubio reveló que era administrador interino de la USAID y dijo al Congreso que había ordenado a un adjunto, Pete Marocco, “iniciar el proceso de emprender una revisión y potencial reorganización de las actividades de la USAID para maximizar la eficiencia y alinear las operaciones con el interés nacional”.
“La USAID puede trasladar, reorganizar e integrar ciertas misiones, oficinas y despachos en el Departamento de Estado, y el resto de la agencia puede ser abolida de acuerdo con la ley aplicable”, escribió Rubio en una carta al Capitolio en ese momento.
La congelación de la ayuda exterior de la administración, que paralizó los pagos a organizaciones sin ánimo de lucro y contratistas, así como sus medidas para desmantelar la USAID han sido impugnadas en los tribunales. Un juez federal ha permitido a la administración seguir adelante con los despidos y las bajas laborales, pero otro juez federal dictaminó que la administración debe pagar casi US$ 2.000 millones en honorarios no abonados por labores humanitarias. La Corte Suprema confirmó esta última sentencia la semana pasada, pero no fijó un plazo para el pago.
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