Trump logra un objetivo generacional conservador, pero es un riesgo tanto para republicanos como para estudiantes

El presidente Donald Trump se atribuye una serie de victorias generacionales para el Partido Republicano en el campo de batalla cultural e ideológico de la educación, un terreno que los partidarios de MAGA (Hacer grande a Estados Unidos otra vez) consideran un bastión hostil del poder liberal, propenso a ser disuelto.

En una decisión que describió como de “45 años de preparación”, Trump, sentado entre niños en pupitres que simulaban un aula en la Casa Blanca, firmó un decreto diseñado para aniquilar el Departamento de Educación.

“Suena extraño, ¿verdad? Vamos a eliminar el Departamento de Educación”, dijo Trump, consciente de que es poco probable que consiga que el Congreso vote a favor de la abolición de la agencia, pero sabiendo que de todos modos puede sofocarla desde dentro.

Los republicanos ven al departamento como un semillero del activismo liberal, una fuente de políticas sociales progresistas sobre diversidad e inclusión y un aliado de los sindicatos docentes, que son un pilar del Partido Demócrata. La sensación entre los votantes republicanos de que el departamento promueve valores antitéticos a los principios conservadores se vio exacerbada por el cierre de escuelas durante la pandemia y por el debate sobre cómo tratar a los estudiantes transgénero.

Pero Trump no solo tiene en la mira la educación primaria y secundaria al intentar usar agresivamente su poder ejecutivo en su segundo mandato. El gobierno está presionando a las universidades de élite en relación con los planes de estudio. Está recortando cientos de millones de dólares en becas de investigación como parte de su purga recorte en el gobierno federal. Y está provocando temor en los campus con sus políticas migratorias de línea dura, que ya han afectado a varios académicos y activistas.

Este enfoque ha generado temores sobre la interferencia del gobierno en la educación superior y sobre la supresión del derecho constitucional a la libertad de expresión, que se acentúa cuando defiende una retórica que muchos estadounidenses consideran inaceptable.

La medida también planteó la posibilidad de que una joya nacional estadounidense —el poder global, el alcance y la reputación de la investigación científica en las universidades estadounidenses— pudiera verse perjudicada y que se produjera una fuga de cerebros científicos y financiamiento a países extranjeros. La semana pasada, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins anunció el recorte de 2.000 empleos en 44 países tras perder US$ 800 millones en financiamiento durante el intento de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Las universidades de élite, en particular, se preparan para una escalada de parte de la administración Trump, ya que el Partido Republicano las considera incubadoras de protestas liberales y de las costumbres que el movimiento MAGA busca erradicar.

Esta filosofía fue resumida por el actual vicepresidente, J. D. Vance, graduado de la Facultad de Derecho de Yale y entonces candidato al Senado, en una conferencia del Conservadurismo Nacional en 2021. Vance abogó por una campaña contra las que llamó “instituciones muy hostiles” y añadió: “Si queremos hacer lo que decimos por nuestro país y sus habitantes, debemos atacar honesta y agresivamente a las universidades de este país”. Este tipo de discurso preocupa a historiadores familiarizados con la estrategia de los líderes totalitarios en el extranjero, que atacan a las universidades y otras instituciones, como la prensa, como parte de un ataque más amplio contra la libertad de expresión.

Una de las primeras medidas de Vladimir Putin en sus 25 años de mandato como presidente de Rusia fue expulsar las influencias democráticas liberales y de orientación occidental de las universidades rusas, al tiempo que suprimía las libertades académicas. Y uno de los héroes de los operativos MAGA de Trump es el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha criticado duramente a instituciones liberales como las universidades. Esto forma parte de una estrategia que también presagió los agresivos intentos de Trump de cooptar a las grandes empresas y llevar el poder ejecutivo al límite, e incluso a veces más allá de los límites constitucionales.

El nuevo frente de la administración en su operación de control migratorio en las universidades quedó de manifiesto con la detención este mes de Mahmoud Khalil, graduado de Columbia y titular palestino de una green card, quien ayudó a liderar las protestas universitarias el año pasado contra la guerra de Israel contra Hamas tras los atentados del 7 de octubre de 2023. El caso es solo uno de varios que involucran a estudiantes de universidades estadounidenses vinculadas a Medio Oriente, y Trump ha prometido una investigación mucho más amplia.

“Este es el primer arresto de muchos que vendrán”, escribió Trump en Truth Social a principios de este mes en referencia a Khalil. “Sabemos que hay más estudiantes en Columbia y otras universidades de todo el país que han participado en actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses, y la Administración Trump no lo tolerará”.

Elise Stefanik, nominada por Trump para embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, vio cómo su perfil en el mundo MAGA —y a nivel nacional— se disparaba tras convertir el presunto antisemitismo en las universidades de la Ivy League en un tema clave. La campaña de la representante de Nueva York fue clave en la renuncia de la presidenta Claudine Gay de la Universidad de Harvard, el alma máter de Stefanik.

Los incentivos políticos para que los republicanos ataquen la educación han crecido de forma constante en las últimas décadas, a medida que el partido ha pasado de ser un refugio para las élites a una fuerza populista que ahora representa a la clase trabajadora y a los votantes sin estudios universitarios, un proceso que Trump impulsó a toda velocidad en 2016.

Al mismo tiempo, el Partido Demócrata se ha distanciado de sus raíces obreras y ha basado sus últimas victorias presidenciales en la gran participación estudiantil, los graduados universitarios y los votantes con mayor poder adquisitivo. El aparente desprecio de algunos líderes progresistas por la antigua base de poder del partido, y la forma en que las universidades se han convertido en refugios para campañas sociales liberales que alejan a muchos conservadores, han profundizado esta nueva línea divisoria política.

De hecho, el nivel educativo se ha convertido en una de las características que definen la afiliación política, y una de las divisiones más marcadas en una nación llena de ellas. En las encuestas de salida de CNN para las elecciones de 2024, el 56% de los graduados universitarios votó por la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, mientras que un porcentaje idéntico de votantes sin título universitario votó por Trump.

Los principales políticos republicanos también han comprendido que fomentar la hostilidad conservadora hacia las instituciones educativas de élite puede ser un factor político ganador. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, por ejemplo, criticó duramente el cierre de escuelas durante la pandemia de covid-19. También intenta reestructurar las universidades públicas de su estado para erradicar los programas de diversidad, equidad e inclusión y buscar reformas ideológicas utilizando la financiación estatal como modelo a seguir por Trump a nivel federal.

El decreto de Trump contribuyó en gran medida a cumplir una promesa hecha por el presidente Ronald Reagan, a quien ha reemplazado como la figura ideológica del Partido Republicano moderno.

Instruyó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar “todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados”.

El presidente justificó la medida alegando que Estados Unidos gasta más dinero en educación que muchos países desarrollados y, sin embargo, está rezagado en muchas evaluaciones de estándares educativos. Al igual que muchos republicanos, responsabilizó por eso al Departamento de Educación y argumentó que devolver las políticas y la financiación escolares a los estados solucionará el problema. Sin embargo, dado que casi toda la política educativa, la contratación de docentes, la responsabilidad de los planes de estudio e incluso la provisión de libros de texto ya recae en los estados y las juntas escolares locales, podría estar eligiendo el blanco equivocado.

El Departamento de Educación desempeña un papel vital en la gestión del crucial sector de préstamos estudiantiles, las becas Pell para estudiantes de entornos desfavorecidos, y financiación para educación especial, estudiantes con discapacidades y aquellos de zonas más pobres.

La Casa Blanca anunció que los préstamos estudiantiles seguirán bajo la órbita del departamento, al igual que otros programas populares, mientras que Trump afirmó que las becas Pell, la financiación y los recursos para niños con discapacidades y necesidades especiales se conservarán por completo, pero podrían transferirse a otros departamentos y agencias.

Este nuevo escenario plantea la posibilidad de que, si bien Trump busca una victoria ideológica y un nuevo punto culminante para su eterno espectáculo político, él y sus correligionarios republicanos podrían pagar un alto precio. Esto es especialmente cierto porque muchos de los fondos federales desembolsados ​​para educación se destinan a estados republicanos que gastan menos por alumno en educación. Según educationdata.org, por ejemplo, 8 de los 10 estados con mayor aceptación de financiación federal para estudiantes de primaria y secundaria votaron por el presidente en 2024.

Kim Anderson, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Educación, declaró a CNN International el jueves que las medidas de Trump afectarían directamente a los distritos de tendencia conservadora de los que obtiene un firme apoyo.

“Tendrán muchos menos fondos para distribuir y atender las necesidades de los estudiantes, el tamaño de las clases aumentará y los programas extraescolares se reducirán”, dijo Anderson. “Hay tantas brechas que afectarán a los estudiantes y a lo que necesitan para prosperar y alcanzar su máximo potencial”.

Si bien Trump proclamó su momento de triunfo generacional en materia de educación el jueves, también está asumiendo un gran riesgo para los estudiantes y para las perspectivas del Partido Republicano, que ahora podría enfrentar algunas de las desventajas políticas de su largo intento de cerrar el Departamento de Educación.

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