Posible acuerdo entre el IRS y ICE para localizar inmigrantes implicaría pérdidas millonarias y violaciones a la privacidad
Los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos pagan cada año miles de millones de dólares en impuestos aun cuando saben que no podrán disfrutar de sus beneficios al jubilarse, a menos que su estatus se regularice. Pero los planes del presidente estadounidense Donald Trump contra la inmigración irregular, cada vez con medidas más severas, podrían desmotivarlos a seguir contribuyendo por temor a ser deportados.
Entre estas polémicas medidas, que apuntan a cumplir con la promesa de llevar a cabo una deportación masiva, se encuentra un posible acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ayudar a localizar a migrantes sospechosos de estar en el país, a través de la confirmación de ciertos datos, según dijo a CNN una fuente.
Que la información fiscal confidencial de esa agencia esté disponible para las autoridades de inmigración supondría un cambio de política importante.
Ante el miedo de ser identificados por ICE, los trabajadores indocumentados podrían dejar de seguir pagando sus impuestos y, si el acuerdo llega a implementarse, resultaría en pérdidas millonarias que afectarían las finanzas públicas federales y locales, advierten expertos consultados por CNN. Además, señalan “preocupaciones reales” sobre posibles violaciones de privacidad y abusos de poder.
En 2022, según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP), los trabajadores indocumentados pagaron US$ 96.700 millones en impuestos federales, estatales y locales. Más de un tercio de sus contribuciones, dice el estudio, se destinó a programas sociales como Medicare o al sistema de Seguridad Social, que en los últimos años ha enfrentado dificultades para sostenerse.
Ambos programas son fundamentales en Estados Unidos y reciben importantes sumas de dinero. Medicare es un seguro médico federal para ciudadanos y residentes de 65 años o más, mientras que el sistema de Seguridad Social ofrece beneficios a los trabajadores durante su jubilación, en caso de incapacidad y más.
“Estas son las personas que queremos aquí porque están pagando sus impuestos y esos impuestos apoyan el seguro social, apoyan la cantidad de impuestos que se paga y el impuesto al seguro social es aproximadamente de US$ 27.000 millones al año. ¿Entonces vamos a eliminar eso del sistema en un momento como este?”, dijo David Leopold, abogado de inmigración en Ohio y expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, en una entrevista con CNN.
Por su parte, Nan Wu, directora de investigaciones en el American Immigration Council (AIC) dijo previamente a CNN que perder los impuestos que pagan los indocumentados también tendría “un gran impacto local” que afectaría a “escuelas, servicios, programas locales, las comunidades y la infraestructura”.
Para Leopold el impacto sería menos costoso si el Congreso aprobara una reforma migratoria “razonable” que permita legalizar a millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en el país abriéndoles un camino hacia la ciudadanía.
“Si vamos a tomarnos la molestia de revisar los datos fiscales y de privacidad y crear todos estos problemas, ¿por qué no simplemente legalizarlos?”, dijo el abogado de inmigración.
Sin embargo, la posibilidad de una reforma migratoria en el Congreso ha estado en el centro del debate durante varios años y ha enfrentado resistencia, principalmente por parte de los republicanos. El ITEP dice que proporcionar autorizaciones de trabajo a los inmigrantes indocumentados “aumentaría las contribuciones fiscales” ya que al recibir salarios más altos, también aumentarían sus contribuciones tributarias.
Los críticos de la inmigración irregular argumentan que los indocumentados que pagan impuestos pueden hacerlo porque utilizan números de la Seguridad Social robados. Pero el IRS los ha alentado durante mucho tiempo a pagar sus impuestos, otorgándoles un código de nueve dígitos llamado ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente).
Según el AIC, los inmigrantes indocumentados lo hacen porque quieren mostrar que cumplen con las leyes fiscales y que tienen “buen carácter moral” por si algún día el Congreso apoya una reforma migratoria que les permita obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos.
Aunque algunos consideran que los inmigrantes sin estatus legal deberían ser excluidos del sistema tributario, los defensores de los derechos de los inmigrantes han sido muy vocales respecto a lo significativas que son sus contribuciones considerando que además ni siquiera pueden gozar de sus beneficios.
En 2017, el post de Belén Sisa sobre su experiencia pagando impuestos se hizo viral.
“¿Quieres decirme otra vez cómo debería ser deportada, no contribuir con nada y solo aprovecharme de este país mientras el 1 % de las personas más ricas de este país te roban todos los días?”, escribió Sisa, quien era estudiante universitaria en Arizona en ese momento.
La beneficiaria del programa de Acción diferida para los llegados en la infancia dijo más tarde a CNN que sentía que era importante hablar.
“Quería mostrar a la gente que estamos aquí, y que venimos de todo el mundo, y que contribuimos más de lo que la gente piensa”, dijo.
Muchos de estos inmigrantes indocumentados presentan su declaración de impuestos ante el IRS proporcionando a la agencia información sobre dónde viven, sus familias, sus empleadores y sus ingresos con la confianza de que sus datos están protegidos por esas estrictas normas de confidencialidad.
Sin embargo, poner a disposición de las autoridades de inmigración información fiscal confidencial supondría el debilitamiento de esas protecciones y ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones a la privacidad.
“Tengo preocupaciones reales sobre la privacidad aquí”, señala Leopold.
El acuerdo en negociación permitiría que ICE proporcione al IRS nombres y direcciones de personas que sospecha que residen en el país sin autorización, dice la fuente de CNN, una persona familiarizada con el plan. Luego, el IRS cruzaría esta información y confirmaría que el nombre y dirección sean los correctos.
Para realizar una solicitud, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) Kristi Noem, o el director interino de ICE, Todd Lyons, tendrían que proporcionar el nombre y la dirección del contribuyente, así como la fecha de su orden de deportación, lo que permitiría al IRS verificar la información.
Michael Moore, analista legal de CNN, señala que la medida también supondría un abuso de poder por parte del Gobierno de Trump que ha expresado frustración por el ritmo actual en las deportaciones. El acuerdo le daría la posibilidad a ICE de utilizar los datos proporcionados por el IRS para realizar operativos que terminen en la detención de inmigrantes indocumentados.
“Ya sea que ahora queramos usar el IRS de alguna manera para obtener información sobre inmigración, pero realmente estamos viendo al poder ejecutivo convertirse en su propia fuerza policial y eso no es cómo se configuró esto. Hay controles y salvaguardas que deben seguirse”, advierte Moore.
Ante el polémico acuerdo, dos organizaciones de derechos de los inmigrantes en Chicago presentaron una demanda contra el Departamento del Tesoro y el IRS, buscando impedir que la agencia comparta información fiscal con ICE o el DHS. Argumentan que la ley federal prohíbe al IRS divulgar estos datos a las autoridades migratorias, ya que ni ICE ni el DHS están contemplados como excepciones en las normas de confidencialidad del código tributario.
Moore asegura que es posible que las batallas legales lleguen hasta la Corte Suprema y sean los magistrados quienes resuelvan el caso.
“Esto es tal vez como ver toda una temporada de fútbol, muchos pequeños juegos en marcha. Pero, en última instancia, tenemos que llegar al Super Bowl para ver quién va a prevalecer y el juego del Super Bowl se va a jugar en la Corte Suprema. Y van a tener que decidir. ¿Van a ceder el poder que tienen en ese gran edificio de mármol a una especie de teoría de liderazgo tiránica? Simplemente no creo que lo hagan”.
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Kevin Liptak, Catherine E. Shoichet de CNN y Gonzalo Zegarra de CNN en Español contribuyeron a este reporte
