¿Qué implica la nueva política de ICE que permite entrar a casas sin orden judicial?
Con un memorando de Inmigración y Control de Aduanas que permite a los agentes entrar en casas sin una orden judicial, el Gobierno de Trump busca usurpar las salvaguardas consagradas en la Cuarta Enmienda y que han protegido las libertades civiles de los estadounidenses durante siglos, dijeron a CNN expertos en derecho constitucional y política de inmigración.
Incluso en una administración que siempre ha impulsado una visión expansiva de su autoridad policial, la directiva destaca por la manera en que desecha prohibiciones de larga data contra registros sin orden judicial en propiedades privadas, un concepto legal que precede la creación de Estados Unidos y es uno de los principios más fundamentales del país.
“La Carta de Derechos, pensábamos, eran las primeras 10 enmiendas”, dijo Mark Graber, experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad de Maryland.
Con el memorando recién descubierto, dijo: “Supongo que ahora solo nos quedan nueve”.
Los funcionarios de inmigración normalmente buscaban arrestar a personas indocumentadas por dos medios: una orden judicial, que es firmada y autorizada por un juez, o una orden administrativa, que es firmada por personas que trabajan en el poder ejecutivo y están bajo la supervisión del presidente.
Una diferencia clave entre ambas es que las órdenes judiciales permiten a las autoridades entrar y registrar la casa de una persona o un área no pública de una empresa, mientras que las órdenes administrativas no lo permiten.
La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo bajo órdenes administrativas porque requieren un umbral más bajo para ser emitidas, y los funcionarios del Gobierno de Trump han expresado durante mucho tiempo frustraciones por las limitaciones que enfrentan los agentes al perseguir objetivos en propiedades privadas.
El memorando interno, que fue emitido en mayo de 2025, pero revelado por una denuncia de un informante y reportado por primera vez por Associated Press el miércoles, autoriza a los agentes de ICE a entrar por la fuerza en casas usando solo órdenes administrativas, eludiendo esencialmente a los árbitros neutrales e independientes que revisarían la evidencia antes de firmar una orden judicial.
Las órdenes administrativas son firmadas por agentes de ICE después de que un juez de inmigración ordena la deportación de un inmigrante indocumentado. Pero estos jueces de inmigración trabajan para el Departamento de Justicia a discreción de la secretaria de Justicia, y el Gobierno de Trump se refiere a ellos como “jueces de deportación”.
“Básicamente, es lo mismo que si estuvieras en el departamento de policía local, y el agente de policía que recoge la evidencia y te arresta luego redacta su propia orden para registrar tu casa porque piensa que tiene causa probable”, dijo Emmanuel Mauleón, profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Minnesota.
“Es profundamente preocupante, porque no hay absolutamente ninguna salvaguarda ni responsabilidad incorporada en el sistema”, dijo.
La historia de la Cuarta Enmienda está repleta de ejemplos de agencias policiacas locales, estatales y federales que buscan desafiar o debilitar sus protecciones.
Pero este memorando, dijo Mauleón, “no es el tipo de erosión incremental que hemos visto a lo largo del tiempo”.
“Es lo que podrías considerar como cruzar el Rubicón”, dijo. “Es declarar que las protecciones fundamentales que todos los tribunales han reconocido hasta este punto simplemente no aplican al Departamento de Seguridad Nacional ni a las detenciones migratorias”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la directiva en un comunicado en el que la portavoz Tricia McLaughlin dijo que las personas a quienes se les presenta órdenes administrativas ya tuvieron “pleno debido proceso y una orden final de deportación”.
Los propios datos del Gobierno federal muestran que cientos de miles de personas el año pasado recibieron órdenes de deportación en ausencia por parte de jueces de inmigración después de que no se presentaran ante la corte.
El memorando no fue ampliamente distribuido a las oficinas de campo de ICE, lo cual representa una desviación de la forma en que tradicionalmente se han anunciado internamente los principales cambios de política.
En cambio, al menos en algunos casos, la directriz parecía haberse compartido solo verbalmente, según una fuente familiarizada. Algunos funcionarios de ICE se enteraron de la directriz por primera vez solo después de que Associated Press informara sobre el cambio.
La noticia del memorando provocó una alarma generalizada entre defensores de las libertades civiles y legisladores demócratas. El senador Richard Blumenthal de Connecticut pidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, que testificaran ante el Congreso sobre el memorando. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuyo estado está experimentando el aumento más intenso de la aplicación de leyes migratorias en la historia del DHS, dijo en una publicación en X que “todo estadounidense” debería estar “indignado por este ataque a la libertad y la privacidad”.
Un funcionario del Gobierno de Trump dijo a CNN que la directiva “no es una luz verde para derribar puertas aleatoriamente”.
Pero llega después de meses en que los agentes que cumplen con el amplio mandato de deportación del presidente han utilizado tácticas brutales, en gran parte sin control, para detener tanto a inmigrantes como a ciudadanos.
“La posición general de este Gobierno es que los inmigrantes son ‘invasores’ y que los funcionarios de inmigración deben poder agilizar su arresto, detención y deportación”, dijo Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista del Migration Policy Institute. Al hacerlo, dijo, “están empujando tantos límites legales y haciendo cosas que no se habían intentado antes de esta manera”.
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Priscilla Alvarez de CNN contribuyó a este informe.
