Inseguridad récord, desigualdad, desencanto: qué está en juego en las elecciones de Costa Rica en un momento crítico del país
Como sucedió en otros países de la región el año pasado, Costa Rica acudirá este domingo a las urnas para definir la presidencia de la república, dos vicepresidencias y las 57 curules de la Asamblea Legislativa con una preocupación creciente por la seguridad, que, según los sondeos, es la prioridad de los votantes a la hora de definir por qué candidato se decantarán.
Otras inquietudes novedosas movilizarán también a los costarricenses: el deterioro de la educación pública y la ausencia de un diálogo social que permita trazar un rumbo claro para el país.
El proceso electoral cuenta con 20 candidatos, pero los expertos coinciden en que la fragmentación política no fue acompañada de una discusión nacional profunda sobre los principales desafíos. Seguridad ciudadana, deterioro de la educación y de la atención sanitaria, y la necesidad de un modelo de desarrollo que responda a esos retos son temas centrales, pero sin consensos ni acuerdos de largo plazo. Todo lo contrario, la polarización marcó la campaña para suceder a Rodrigo Chaves.
La oficialista Laura Fernández, exministra de Planificación Nacional, de 39 años, encabeza la intención de voto con un 43,8 %, de acuerdo con la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Con estos resultados, Fernández se mantiene cerca de asegurar la presidencia en primera ronda, mientras que el segundo puesto lo ocupan los indecisos, un 25,9 % del electorado.
En Costa Rica, una candidatura debe obtener al menos el 40 % de los votos válidos para ganar la presidencia en primera ronda. Si ninguna alcanza ese umbral, las dos personas con mayor cantidad de votos deben disputar una segunda ronda electoral, según establece el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Según el informe del Estado de la Nación 2025 (PEN), una iniciativa que analiza el desempeño del país desde hace más de 30 años, Costa Rica experimentó un repunte económico 2024 y la primera mitad de 2025, y se posicionó como el país con el mejor comportamiento económico dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Si bien esta bonanza permitió una mayor estabilidad de precios y una reducción en algunos indicadores, como la pobreza, el estudio advierte que el éxito es desigual: el dinamismo sigue concentrado en las zonas francas, mientras que la economía tradicional y la generación de empleo formal crecen a un ritmo mucho más lento, lo que profundiza la brecha social.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025, la pobreza en Costa Rica bajó al 15,2 %, una reducción significativa de 2,8 puntos porcentuales respecto al 18 % registrado en 2024.
La ley de régimen de zonas francas acoge industrias en un área delimitada y con un conjunto de incentivos que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, como los dispositivos médicos que lideran las exportaciones a Estados Unidos, además de servicios de software y ciberseguridad.
El Ministerio de Comercio Exterior dice que la OCDE exalta sus logros, tomando en cuenta que en 2024 Costa Rica lideró el rendimiento económico de las economías que integran la organización con un 4,3 %, mientras que el promedio fue de 1,8 %.
Sin embargo, el Estado de la Nación subraya una desconexión crítica entre el aumento de la productividad y el ingreso real de los trabajadores. A pesar de las cifras macroeconómicas de liderazgo internacional, el país enfrenta serios problemas de redistribución de la riqueza, advierte el Estado de la Nación.
Agrega que la reducción de la pobreza no responde a un fortalecimiento del mercado laboral, sino a factores externos al crecimiento, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo frente a la creciente informalidad.
Para Leonardo Merino, politólogo e investigador del PEN, el país está en un momento crítico, porque además atraviesa un debilitamiento sostenido de su cultura cívica y de los mecanismos tradicionales de representación política.
“Nosotros no estamos construyendo hoy el diálogo social que Costa Rica elaboró en el pasado, particularmente a mediados del siglo XX, cuando el país imaginó su Estado, su sistema de educación pública, la salud y el ambiente como parte de un proyecto común de bienestar”, señala Merino.
El politólogo detalla que, desde hace al menos tres décadas, no existe una discusión nacional articulada y concreta sobre cómo corregir, adaptar y actualizar el estilo de desarrollo que durante años permitió mejoras sostenidas en la calidad de vida.
“No hay una deliberación democrática sobre cuál es el rumbo del país. El contrato social que presumimos —basado en trabajo, educación, movilidad social y protección ambiental— hoy enfrenta problemas estructurales que no se han destrabado”, afirma.
Merino recuerda que la Constitución Política establece la promesa de una sociedad democrática orientada al bienestar colectivo, mediante la justa distribución de la riqueza, el estímulo a la producción y el cuidado del ambiente, incluso reconocido como un derecho constitucional. Sin embargo, sostiene que ese pacto social se ha visto erosionado por un modelo económico que ha logrado crecer sin generar bienestar para la mayoría de la población.
“Costa Rica ha desenganchado el crecimiento económico del bienestar de las personas. Las zonas francas son el principal motor de crecimiento, pero concentran apenas el 12 % del empleo y alrededor del 15 % de la producción. La economía de mercado interno, donde está la mayoría de la población, crece poco y ha sido abandonada”, explica.
Este desgaste también se refleja en el distanciamiento ciudadano de la política partidaria. De acuerdo con Merino, hace tres décadas casi el 100 % de la población se declaraba simpatizante de algún partido político; hoy esa cifra ronda apenas el 17 %.
“De todo el padrón electoral, al último presidente lo eligió apenas un 10 % de quienes podían votar, y al anterior, un 16 %. Es una tendencia preocupante: vota cada vez menos gente, los jóvenes participan menos y ahora incluso las personas adultas mayores se están alejando de las urnas”, advierte.
En 2022, Costa Rica registró la votación más baja de su historia reciente, con un abstencionismo cercano al 40 %. Es decir, dos de cada cinco electores no acudieron a votar, en un país donde el modelo de desarrollo ya no genera ni bienestar ni seguridad para la mayoría, según el análisis del Estado de la Nación.
Una lectura similar plantea José Andrés Díaz González, politólogo y coordinador del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, quien subraya que lo que está en juego trasciende un proceso electoral.
“Se están debilitando los fundamentos del pacto social: la salud, con el deterioro acelerado de la Caja Costarricense de Seguro Social; la educación, como motor de movilidad social; y la seguridad, con el aumento de homicidios y la pérdida de la sensación de seguridad en los hogares”, señala Díaz.
El poder judicial reporta que los últimos tres años han sido los más violentos en Costa Rica, con 905 homicidios en 2023, un récord histórico, muchos de ellos atribuidos al narcotráfico por parte del gobierno.
Costa Rica no está sola en esa tendencia: el aumento de los delitos, en particular relacionados con el crimen organizado, y el miedo a la inseguridad determinaron el voto de miles de latinoamericanos en elecciones desde Ecuador a Chile y Honduras en los últimos meses.
Díaz resalta, además, la forma en que se están gestionando los conflictos sociales y el disenso democrático. “Está en juego si vamos a permitir una sociedad donde el pensamiento distinto sea excluido, donde ya no importe la búsqueda colectiva de soluciones y donde pesan más las personas que dicen las ideas que las ideas mismas”, apunta.
A este escenario se suma un cambio demográfico significativo que, según Díaz, no ha sido incorporado seriamente en el debate político.
“Estamos en una transición demográfica que implica que menos personas tendrán que producir más. En 15 o 20 años, el sistema de pensiones estará bajo mayor presión, habrá menos cotizantes, menos ingresos fiscales y mayores demandas de cuidado para la población adulta mayor”, explica.
Este cambio también tendrá impactos en el desarrollo urbano, el mercado inmobiliario y la estructura del empleo, aspectos que, según el académico, no forman parte de la discusión electoral actual.
Ambos politólogos coinciden en que el pacto social costarricense —construido durante más de un siglo y basado en democracia, instituciones sólidas, educación, salud y protección ambiental— está en juego.
El ambientalismo, otro de los pilares históricos de la identidad nacional, también enfrenta tensiones. El discurso de la “Costa Rica verde”, fortalecido desde la década de 1990, convive hoy con propuestas de explotación de recursos naturales como minería, gas o petróleo, lo que para los expertos pone en entredicho una de las bases del orgullo nacional.
“No es solo una elección. Si no se hace algo, el deterioro puede continuar, y hasta ahora ningún partido político ha asumido este tema con la seriedad que requiere”, afirma Díaz.
De acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), más de 3,7 millones de personas conforman el padrón electoral, un 4,3 % más que en las elecciones presidenciales de 2022. La provincia de San José concentra la mayor cantidad de votantes empadronados.
En este contexto, la jornada electoral no solo definirá autoridades, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema político para reconectar con una ciudadanía cada vez más distante y responder a las tensiones acumuladas en el pacto social costarricense.
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