El caso contra Trump en Nueva York se considera arriesgado. Estas son las razones
Alexandra Ferguson
(CNN) — El caso que presentaron los fiscales de Nueva York contra el expresidente Donald Trump por supuestamente falsificar registros empresariales para encubrir pagos por silencio relacionados con la campaña electoral de 2016 presenta cuestiones legales novedosas que hacen que la acusación sea arriesgada, pero no imposible, dicen los expertos legales.
La manera en que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha expuesto sus acusaciones contra Trump suscitó escepticismo entre estudiosos del derecho electoral y abogados defensores de delitos de cuello blanco. Pero otros expertos subrayan que Bragg tiene un caso que plausiblemente podría terminar en un veredicto de culpabilidad y que sus teorías legales pisan terreno sólido, aunque nunca puesto a prueba.
“Hay algunos riesgos y complicaciones, pero también creo que hay un camino hacia la condena”, analizó Cheryl Bader, exfiscal federal que ahora enseña Derecho y Procedimiento Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham.
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A Trump lo acusaron de 34 cargos de falsificación de registros empresariales, que a primera vista parece una acusación bastante clara. Pero Bragg presentó los cargos, que por sí mismos son delitos menores, como delitos graves. Eso requerirá que su equipo demuestre que los registros fueron falsificados con la intención de ocultar o promover otro delito, sin embargo, los documentos judiciales de este martes solo proporcionaron algo de claridad sobre cómo Bragg pretende establecer un delito subyacente.
Los fiscales no están obligados a mostrar sus cartas en esta etapa del procedimiento y existen requisitos mínimos sobre lo que debe decir una acusación. Pero teniendo en cuenta todo lo que está en juego en este caso, y que parece basarse en una teoría novedosa para presentar cargos por delitos graves, los críticos afirman que habría sido mejor para el público disponer de más detalles.
“No estoy diciendo que no haya una pista de cuál es el otro delito”, dijo Robert Kelner, abogado defensor especializado en derecho político y electoral. “Pero cuando tienes este extraño estatuto local, en el que para probar un delito tienes que demostrar que había la intención de cometer otro, pensarías en ser muy específico”, añadió.
La acusación sobre los pagos por silencio en Manhattan no es el único frente de peligro legal para el expresidente y principal aspirante republicano a la Casa Blanca en 2024. En las próximas semanas o meses, Trump podría enfrentarse a cargos penales en Georgia, derivados de la indagación de un jurado investigador especial sobre sus intentos de socavar las elecciones de 2020. Dos investigaciones del jurado investigador federal que dirige el fiscal especial Jack Smith, una centrada en las acusaciones de subversión de las elecciones de 2020 y otra relativa a los documentos de la Casa Blanca que se llevaron a Mar-a-Lago, también suponen un importante riesgo legal para Trump.
“Creo que el caso de Bragg es la pistola de agua que precede innecesariamente al ataque del lanzamisiles F-35 pilotado por Jack Smith con Merrick Garland como copiloto”, dijo Ty Cobb, un abogado defensor que representó a la Casa Blanca de Trump en la investigación sobre Rusia a cargo del fiscal especial Robert Mueller.
Un simple caso de registros que se complica al imputarse como delito grave
La primera parte del caso de los fiscales es demostrar que una serie de registros empresariales de Trump ––entre ellos facturas, cheques y entradas en el libro contable–– eran falsos, y aquí el caso es sencillo, dijeron expertos a CNN.
Los fiscales tendrán pruebas físicas que demuestren que los cheques girados a nombre de Michael Cohen se registraron erróneamente como pagos de honorarios legales, cuando en realidad se trataban supuestamente de un reembolso por el dinero entregado a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.
Si Bragg estuviera presentando la acusación únicamente como un delito menor, solo tendría que demostrar que los registros se falsificaron con la intención de fraude, otro obstáculo bastante fácil de superar.
Pero Bragg ha presentado los 34 cargos como delitos graves, y convencer a las cortes, y en última instancia a un jurado, de que esto está justificado será la “parte más complicada” del caso, según Paul S. Ryan, experto en derecho electoral y director ejecutivo adjunto del Funders’ Committee for Civic Participation.
Para que sea un delito grave, los fiscales tendrán que apuntar a otro posible delito que Trump estaba tratando de promover u ocultar cuando supuestamente falsificó la forma en que se registraron los pagos de Cohen.
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La acusación no especifica exactamente cuál es este delito subyacente, sino que se hizo una leve referencia al respecto durante la declaración adjunta de los hechos y en los comentarios de los fiscales este martes: describen un plan “ilegal” para influir en las elecciones presidenciales de 2016 al evitar que información perjudicial sobre Trump saliera a la luz.
La teoría del fiscal del distrito, así como la falta de transparencia en torno a cómo Bragg tiene la intención de exponerla, suscita preocupación sobre si el caso se mantendrá firme en los tribunales.
Rick Hasen, experto en derecho electoral, dijo a CNN que “dista mucho de ser un caso fácil”.
“Plantea algunas cuestiones políticas sobre si este es el caso que hay que presentar”, dijo Hasen, profesor de la Facultad de Derecho de la UCLA.
La complejidad del caso puede llevar a años de litigios antes de que se resuelva por completo.
“Veo probable que este caso llegue en última instancia a la Corte Suprema [de EE.UU.]”, dijo John Coffee Jr, profesor de Delitos de cuello blanco en la Facultad de Derecho de Columbia. “No se condena a un expresidente por una teoría jurídica novedosa sin que la Corte Suprema lo estudie”.
Tres caminos hacia un delito grave, cada uno con sus propios obstáculos
Los fiscales de Manhattan han insinuado tres posibles delitos subyacentes que sustentarían las acusaciones de delito grave, pero cada uno presenta su propio grupo de cuestiones jurídicas novedosas.
El primer argumento aparente es que los registros empresariales fueron falsificados para ocultar los delitos federales de financiación de campaña cometidos con los pagos por silencio de 2016 a mujeres que afirmaron haber tenido relaciones extramatrimoniales con Trump, delitos de los que Cohen se declaró culpable en 2018.
Hasen dijo que era “escéptico” de que una acusación federal de financiación de campaña pudiera usarse para respaldar cargos en un tribunal estatal. Los defensores de Braggs han señalado que el estatuto de registros falsos de Nueva York parece contemplar la comisión u ocultación de cualquier delito, y por lo tanto, argumentan, cubre las violaciones de la ley federal. En cualquier caso, la cuestión podría ser objeto de litigio en la fase previa al juicio.
El segundo posible delito subyacente es una ley electoral estatal a la que Bragg hizo referencia en su rueda de prensa: un delito menor de Nueva York que prohíbe a dos o más personas conspirar para promover una candidatura por medios ilícitos.
Los expertos en derecho electoral están divididos sobre si esa argumentación de delito estatal podría funcionar como fundamento del delito grave. El debate se centra en un concepto jurídico conocido como derecho preferente, que entra en juego cuando la ley federal parece sustituir a una ley estatal, y si los fiscales estatales pueden perseguir conductas vinculadas a unas elecciones federales, es decir, la campaña presidencial de 2016.
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“La ley electoral federal, en términos generales, prevalece sobre la ley electoral estatal cuando se trata de un gobierno de elecciones federales, excepto que hay excepciones por las que ciertas leyes electorales estatales pueden entrar en juego”, dijo Jerry H. Goldfeder, un veterano abogado electoral y de financiación de campañas en Stroock & Stroock & Lavan. “Aparentemente [los fiscales] han analizado esto lo suficientemente en serio como para concluir que estaban dentro de sus límites”.
Por último, los documentos de acusación parecen insinuar que hubo intención de violar la ley fiscal de Nueva York, lo que sugiere que ese razonamiento podría utilizarse como respaldo del delito grave. Según esa teoría, la forma en que se estructuraron los reembolsos de Cohen en los registros de los negocios de Trump les daría un tratamiento fiscal diferente al que habrían obtenido si se hubieran documentado con precisión.
“Se trata de delitos fiscales estatales”, dijo Ryan Goodman, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, a Erin Burnett de CNN este martes por la noche. “Ese es un caso más fuerte porque está aislado de un montón de desafíos legales, de los cuales hay fuertes retos legales que se harán a los delitos de derecho electoral”.
— Katelyn Polantz, Devan Cole y Fredreka Schouten contribuyeron con este reportaje.
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