Noboa decreta un nuevo estado de excepción para cinco provincias de Ecuador por la situación de inseguridad
(CNN Español) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción para cinco de las 24 provincias que conforman el país, argumentando que la medida es necesaria por la situación de inseguridad pública que prevalece en ellas.
Las provincias donde la medida entrará en vigor son El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, de acuerdo con el decreto publicado en la noche de este martes.
El estado de excepción estará vigente por 60 días e implica el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para “mantener la soberanía y la integridad del Estado”, dice el decreto presidencial.
Con esto, además, queda suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que significa que los cuerpos de Seguridad pueden realizar inspecciones, allanamientos y requisas en viviendas para poder ubicar y detener a presuntos integrantes de grupos del crimen organizado.
La violencia política y la inseguridad acechan a Ecuador, mientras sus ciudadanos se preparan para votar
“El estado ecuatoriano se encuentra enfrentando un conflicto armado interno cuyas reglas son propias y aplicables a las partes en conflicto, sin embargo para complementar las operaciones militares es necesario utilizar una figura excepcional y extraordinaria aplicable a todos los ciudadanos para suspender su derecho a la inviolabilidad de domicilio, y de esa forma complementar las operaciones militares en curso”, señala el decreto.
Noboa, quien asumió la presidencia el 23 de noviembre de 2023 y ha hecho del combate a la delincuencia una de sus banderas, emitió el pasado 8 de enero una declaratoria de estado de excepción para todo el país. La medida estuvo vigente por 60 días y en marzo se prorrogó por otros 30.
Además, el 9 de enero Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en Ecuador y designó como terroristas a 22 organizaciones criminales -Los Choneros, Los Lobos y Tiguerones, entre otras- a las que el Gobierno atribuye delitos como asesinatos y tráfico de drogas. El 7 de abril, en otro decreto, el Ejecutivo reconoció la persistencia del “conflicto armado interno”.
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