Vence el plazo otorgado a Nicaragua para cumplir con resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Alejandra Ramos Barreda
(CNN Español) — Este jueves venció el plazo otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Nicaragua informara sobre el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas a favor de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, la activista Violeta Granera Padillar y el líder empresarial José Adán Aguerri, que forman parte de los líderes opositores encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega en el marco de leyes aprobadas desde octubre de 2020 por el Parlamento afín al oficialismo.
En una videoconferencia, el abogado Jared Genser, representante de Maradiaga, Chamorro y Granera, lamentó que no existan los mecanismos legales para hacer cumplir con la resolución del 24 de junio, que insta al régimen sandinista a liberar a los cuatro opositores y a proteger sus vidas, integridad personal y libertades personales.
Genser informó que debido a la negativa oficial solicitarán una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado justifique las razones del incumplimiento. El abogado también planteó la posibilidad de llevar el caso ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas.
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El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado públicamente sobre la resolución de la CIDH. CNN ha consultado al Consejo de Comunicación y Ciudadanía y aún esperamos respuesta.
Sobre los opositores detenidos, el presidente Daniel Ortega dijo el 23 de junio en cadena nacional que no existen precandidatos y que no persigue a políticos, sino a “criminales que atentan contra la seguridad nacional para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen”.
Ortega agregó: “Es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes”.
La Policía Nacional informó a través de comunicado el 8 de junio que detuvo al politólogo y precandidato presidencial por la Unidad Azul y Blanco, Félix Maradiaga, a quien investigan por supuestos actos contra la soberanía nacional. Horas más tarde informaron de la detención de Juan Sebastián Chamorro, economista y precandidato por la Alianza Ciudadana, investigado también por supuestos delitos establecidos en la Ley 1055, también llamada de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
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En un comunicado la Fiscalía informó que el poder judicial dictó 90 días de detención a Chamorro y Maradiaga por investigación en sus casos.
El abogado Genser dijo que la detención de Maradiaga, Chamorro y Granera pudiera calificarse como una desaparición forzada porque ya cumplieron un mes, sin ser vistos por sus familiares, y tampoco da crédito a las audiencias privadas realizadas por el Poder Judicial porque no estuvo un abogado particular.
Genser agregó que la ley 1055 es inconstitucional e incongruente con el derecho internacional y los derechos humanos. Bertha Valle, esposa de Maradiaga dijo durante la videoconferencia que el presidente Ortega y la primera dama Rosario Murillo han llamado criminales y a su esposo y a otros opositores detenidos, lo que para ella constituye una injerencia en asuntos del Poder Judicial.
Por su parte Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, reiteró la petición de una fe de vida para verificar la condición de su esposo y los demás detenidos.
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Durante las últimas semanas el gobierno ha detenido a 26 personas, entre ellos 6 precandidatos presidenciales, líderes sociales y empresariales, exguerrilleros y periodistas independientes, todos señalados de cometer actos contra la soberanía nacional o lavado de dinero.
Estos opositores se suman a más de 120 detenidos por razones políticas, según organismos de derechos humanos.
El Consejo Permanente de la OEA, a través de una resolución del 15 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y recientemente el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos han manifestado su preocupación por las detenciones y han pedido la libertad inmediata de todos los presos políticos.
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