La represión ordenada por Maduro tras las elecciones en Venezuela podría constituir crímenes contra la humanidad, según un informe de la ONU
(CNN Español) — Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela afirma que la represión ordenada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 “representa la misma línea de conducta” que la misión caracterizó en informes previos como “crímenes de lesa humanidad”, de acuerdo con un resumen divulgado el martes.
Aunque el documento abarca un período de un año, la Misión hizo especial énfasis en los acontecimientos ocurridos después del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral del país sudamericano anunció la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones sin presentar resultados desagregados por centro y mesa de votación, como establecen las leyes electorales. La oposición mayoritaria dice haber reunido el 83,50% de las actas oficiales que dan como ganador al candidato Edmundo González Urrutia y así las publicó poco después de los comicios.
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“La Misión registró con suma preocupación que, tras la crisis postelectoral, las apariencias de legalidad, que ya eran mínimas en períodos anteriores, desaparecieron casi por completo. (…) El riesgo de desintegración del estado de derecho es muy alto”, advirtió.
La Misión documenta en su informe que la estructura represiva del Estado se reactivó tras asegurar en su penúltimo reporte que permanecía “como una amenaza latente”.
“Durante el período que abarca el presente informe, especialmente tras los comicios del 28 de julio, el sistema de acoso y represión violenta contra personas opositoras o percibidas como tales se reactivó de manera intensa y acelerada” y “fue instigada por las altas esferas políticas y militares del Gobierno, incluyendo al presidente Maduro a través de declaraciones públicas de carácter amenazante”.
Como resultado, dice el informe, la represión llevó a la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y delitos, que incluyen “casos de muertes en protestas, detenciones arbitrarias, seguidas o derivadas de violaciones graves al debido proceso, desapariciones forzadas de corta duración, así como actos de tortura, tratos crueles y degradantes, y violencia sexual y basada en género”.
Las protestas desatadas dejaron al menos 27 muertos y centenares de heridos, según las últimas cifras presentadas por el fiscal general Tarek William Saab, quien, al igual que otros funcionarios del gobierno de Maduro han culpado a los líderes opositores de estas muertes, señalando que la oposición instigó la violencia al llamar a las protestas.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció durante un diálogo con el Consejo y la Sociedad de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés) que Maduro será quien deba rendir cuentas “los crímenes que ha cometido” como las muertes, detenciones y desapariciones. CNN está buscando la reacción del Gobierno y de la Fiscalía General de Venezuela a este informe y está a la espera de respuesta.
El régimen de Maduro ha rechazado los anteriores informes de la Misión -que lleva un seguimiento detallado de las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país desde septiembre de 2019- tildándolos de “falsos y sin fundamento metodológico”, y acusando a la ONU de llevar adelante una política injerencista.
En agosto, un panel de expertos que estuvo en el país sudamericano desde finales de junio, publicó un informe preliminar en el que tomó nota de decenas de homicidios y miles de detenciones. El Gobierno calificó entonces el documento de la misión de “acto de propaganda”.
La semana pasada la ONU y otras organizaciones multilaterales exhortaron al Gobierno venezolano a liberar a los detenidos y poner fin a la ola de represión contra los opositores políticos. Decenas de exjefes de Estado y Gobierno presentaron ante la Corte Penal Internacional su propio informe, señalando que en Venezuela impera una “dictadura militar represora”.
La Misión determinó que los crímenes recientes fueron cometidos intencionalmente y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento y formaron parte de un ataque contra los civiles para silenciar a la oposición.
En entrevista con CNN el 11 de septiembre, el fiscal general desestimó varias acusaciones de violaciones de derechos humanos como provenientes de organizaciones de “doble moral”.
El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.
Desde hace años, la CPI investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, mientras varios fiscales y otros organismos recogen pruebas sobre el gobierno de Maduro y varios de sus funcionarios, quienes aún no han sido acusados por el tribunal.
“El mundo es testigo”
El candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González, dijo que el nuevo informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela “demuestra que los venezolanos no estamos solos en esta lucha”.
“En Venezuela nos encontramos en una situación que, aunque es un patrón de violaciones continuas, en el contexto post electoral el régimen ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para silenciar toda oposición pacífica”, agregó González en un comunicado difundido este martes.
La líder opositora María Corina Machado, mientras tanto, dijo que “el sufrimiento de los venezolanos no quedará impune”.
Machado exigió que los responsables de los crímenes registrados en el informe sean llevados ante la justicia internacional y aseguró que “la dictadura en Venezuela representa un peligro no solo para los venezolanos, sino para toda la región”.
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