La violencia en el Catatumbo colombiano desplazó a más de 56.000 personas en lo que va de año, advierte Human Rights Watch
Más de 56.500 personas han sido desplazadas de sus hogares desde enero en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos guerrilleros como el Frente 33, según un reporte de Human Rights Watch (HRW) difundido este miércoles.
Ya en enero había reportes de hasta 80 muertos en la zona.
Human Rights Watch señala que, para su informe, entrevistó a 65 personas en Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, pero un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia asegura que el desplazamiento masivo forzado se ha concentrado, además, en Ocaña y Tibú.
La organización no gubernamental agrega que los grupos armados han cometido “graves abusos” a la población. “El ELN ha asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles a los que acusa de tener vínculos con el Frente 33, un grupo armado que surgió después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017”, señala el reporte.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, indicó que, de acuerdo con las entrevistas que la organización ha realizado en la zona, los abusos incluyen “reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales”.
El informe detalla también que combatientes del ELN “registraron viviendas y lugares de trabajo en busca de personas a las que acusaban de tener vínculos con el Frente 33”. Según los testimonios recogidos, los presuntos miembros del ELN mataron a algunas personas y se llevaron a otras cuya muerte se registró poco después. “Algunos habitantes de la zona no saben qué pasó con sus familiares”, añade.
La cifra es mayor a la reportada en febrero por el Ministerio de Defensa de Colombia, que informó que el número de desplazados era de más de 51.000 personas. Entonces, el Gobierno de Gustavo Petro señaló que unas 4.914 personas estaban en refugios. A inicios de marzo, el Ministerio de Defensa informó que había enviado a 10.500 efectivos para atender la región.
CNN ha solicitado una reacción del Ministerio de Defensa y a la Presidencia de Colombia al informe de HRW, así como actualizaciones oficiales sobre la cifra de desplazados.
La Cámara de Representantes analizó en enero el decreto de conmoción interior expedido por el gobierno de Gustavo Petro debido a la gravedad de la situación. Entonces, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que las circunstancias que desataron la violencia eran “previsibles” y que la situación “nos ha desbordado a todos”.
A principios de mes, el presidente de Colombia anunció el Pacto Social Catatumbo, en el que planea invertir el equivalente a unos US$ 2,4 millones durante los próximos 10 años para “financiar 139 proyectos de gran impacto para la zona, orientados a garantizar derechos fundamentales, fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad de vida y fomentar la economía regional”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha pedido “una revisión rigurosa a la necesidad de las medidas adoptadas en los decretos de desarrollo y una audiencia pública en el territorio para escuchar a las comunidades afectadas”.
Con información de Sebastián Jiménez, Fernando Ramos, Marlon Sorto, Mauricio Torres y Verónica Calderón, de CNN.
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