Gobierno de Trump obtiene una inédita orden de deportación de un tribunal nunca antes usado
En una victoria para el presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia anunció el viernes que obtuvo una orden de deportación sin precedentes a través del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros, un tribunal reservado que nunca había sido utilizado antes de que el Gobierno lo activara este verano.
Nazira Haji Zada, una mujer afgana acusada por el Departamento de Justicia de ayudar a su hijo y a su yerno a planear un complot terrorista frustrado en 2024, fue deportada a su país de origen después de admitir que era una terrorista extranjera, según documentos judiciales recientemente desclasificados y el anuncio del Departamento de Justicia.
Sus abogados y el Gobierno de Trump acordaron su deportación el mes pasado, lo que significa que importantes interrogantes legales sobre los procedimientos reservados del tribunal seguirán sin respuesta.
Los abogados de la mujer habían indicado previamente que impugnarían la constitucionalidad del tribunal, alegando que sus procedimientos violaban las garantías del debido proceso y varias otras enmiendas constitucionales.
Sin embargo, los nuevos documentos revelan que, para el 20 de agosto, había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia para ser deportada. Los documentos judiciales indican que admitía su designación como terrorista extranjera —un término definido en las leyes de inmigración— y renunciaba a su derecho a apelar la orden de deportación.
No hay indicios en los documentos recientemente desclasificados de que la jueza Joan Ericksen, presidenta del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros, hubiera tomado medidas adicionales para examinar minuciosamente los argumentos que el Gobierno presentó sobre Haji Zada, después de conceder a principios de este verano una aprobación inicial para avanzar con el caso ante el tribunal.
El Congreso creó el tribunal hace 30 años como una forma de que el Gobierno federal pudiera deportar rápidamente a personas acusadas de terrorismo en situaciones en las que recurrir a los procedimientos migratorios habituales pudiera poner en riesgo la exposición de secretos de seguridad nacional.
El Gobierno de Trump celebró el viernes la orden de deportación como una reivindicación de su decisión de utilizar el tribunal, aunque siguen sin examinarse las dudas sobre su constitucionalidad.
“Este caso histórico, que resultó en la pronta expulsión de esta terrorista extranjera a su país de origen, es una victoria para la seguridad nacional y el Estado de derecho”, dijo el secretario de Justicia Todd Blanche en el comunicado de prensa. “Quienes apoyan y condonan el terrorismo no deberían vivir en Estados Unidos, y este primer caso ante el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros demuestra cómo el Departamento utilizará todas las herramientas a su disposición para proteger a nuestro país”.
Los procedimientos del tribunal permiten al Departamento de Justicia mantener ocultos del público —e incluso del inmigrante al que busca deportar— los datos clasificados sobre las razones por las que el Gobierno considera que esa persona es una terrorista extranjera, una designación definida en las leyes de inmigración. Los casos son presentados ante jueces del Artículo III, considerados más independientes que los jueces de inmigración del Poder Ejecutivo que se encargan de los procedimientos habituales de deportación.
Los gobiernos anteriores nunca habían intentado utilizar el tribunal, quizá porque determinaron que ningún caso de deportación era tan delicado como para justificar el riesgo de que un fallo declarara inconstitucional al tribunal.
Observadores jurídicos se han preguntado por qué el Gobierno decidió recurrir a él ahora.
La mujer afgana que fue deportada era residente en Dallas, no hablaba inglés y no sabía leer ni escribir, según documentos judiciales.
Su hijo cumple actualmente una condena de 15 años por obtener armas de fuego para apoyar a una organización terrorista, después de declararse culpable del cargo. Su yerno, descrito en documentos judiciales como la fuerza impulsora detrás del complot terrorista vinculado a ISIS, llegó a un acuerdo de culpabilidad en el proceso penal, pero todavía no ha sido sentenciado.
En los escasos documentos públicos que el Gobierno presentó sobre Haji Zada ante el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros, el Departamento de Justicia la describió como alguien que adoctrinaba a su familia con la ideología de ISIS y que había tomado medidas para apoyar los planes terroristas de sus hijos, dirigidos contra las elecciones de 2024.
“Este es un paso histórico y de vital importancia en nuestro trabajo para proteger a Estados Unidos del terrorismo”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en el comunicado. “Una persona que apoyó un complot de familiares simpatizantes de ISIS para perpetrar un ataque en Estados Unidos ha pagado el precio por ello”.
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