ANÁLISIS | Trump sufre revés en el caso del 6 de enero, pero corre a contrarreloj antes de las elecciones intermedias de 2022
Mariana Toro
(CNN) — Una jueza federal envió un mensaje a Donald Trump el martes de que no puede rebasar los límites del estado de derecho y la Constitución para siempre. Pero eso no significa que no lo intentará.
Un fallo de última hora anuló la afirmación del expresidente de privilegio ejecutivo para evitar que los Archivos Nacionales entreguen cientos de documentos pertinentes a la investigación de la Cámara de Representantes que examina la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.
Aunque Trump ya está apelando, el fallo representó una gran victoria para la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga uno de los ataques más alarmantes a la democracia en la historia de Estados Unidos. También fue un golpe rápido a los esfuerzos de Trump por agotar el tiempo antes de una posible toma republicana de la Cámara el próximo año, lo que significaría un final casi seguro para la investigación.
El fallo mantuvo un principio fundamental que sustenta los controles y equilibrios de la democracia estadounidense que permite que el sistema judicial intervenga para adjudicar una disputa entre una cámara del Congreso y el ejecutivo sobre el alcance del poder presidencial. Lo más intrigante es que también representa la primera prueba de la capacidad de Trump para usar el sistema judicial para desafiar al Congreso cuando no está protegido por la oficina de la presidencia. Podría tener implicaciones para el poder de los expresidentes en lo que respecta al privilegio ejecutivo.
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“Los presidentes no son reyes”, escribió la jueza Tanya Chutkan, y agregó: “Y el demandante no es presidente”, ya que dictaminó que el actual comandante en jefe Joe Biden, y no antiguos ocupantes de la oficina, es el factor determinante en reclamos de privilegio.
Durante gran parte de un período que constantemente estiró y casi quebrantó los principios de la democracia estadounidense, Trump pareció creer que tenía la autoridad de un rey. De hecho, el presidente, que fue impugnado dos veces por abusos de poder, declaró una vez que el artículo 2 de la Constitución significaba que tenía “el derecho a hacer lo que yo quiera como presidente”. Pero el fallo de Chutkan muestra que, como expresidente, la creencia de Trump en su propia omnipotencia y derecho a burlar el estado de derecho se encuentra en un terreno aún más débil que durante sus cuatro tumultuosos años en el cargo.
Impulso a la comisión del 6 de enero
El fallo del martes ofrece un impulso inmediato a la comisión que investiga el ataque de una turba pro-Trump en el Capitolio el 6 de enero.
El panel ha estado luchando para que las figuras clave del expresidente testifiquen sobre su intento de golpe de Estado. Ya ha citado al gurú político de Trump Steve Bannon por desacato al Congreso y está esperando ver si el Departamento de Justicia respaldará su autoridad y abrirá un enjuiciamiento en el caso.
La comisión envió otra ráfaga de citaciones a los asistentes de la Casa Blanca y asesores externos de Trump esta semana, pero hasta que el secretario de Justicia, Merrick Garland, tome una decisión sobre el destino de Bannon, el alcance de la capacidad del panel para hacer su voluntad permanece en duda.
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La comisión quiere examinar los registros de visitas y llamadas a la Casa Blanca, horarios y notas de altos funcionarios, incluido el exsecretario de la Casa Blanca Mark Meadows, para desarrollar una imagen completa de las acciones del expresidente en el período previo a la insurrección. Quiere saber quién estaba asesorando a Trump, si la marcha hacia el Capitolio fue planeada con anticipación, y saber sobre su fracaso para detener a la turba saqueadora una vez que entró en el edificio del Capitolio.
En su opinión, Chutkan escribió que la Cámara tenía todo el interés en examinar todos los aspectos de ese fatídico día “y considerar la legislación para evitar que tales eventos vuelvan a ocurrir”. Los abogados de Trump habían puesto en duda la noción de que la Cámara tenía un “propósito legislativo” al buscar los documentos, y describieron sus citaciones como tomas de poder amplias y sin precedentes.
Por su parte, los abogados de Trump también habían hecho valer un reclamo extraordinariamente amplio de privilegio ejecutivo que, en efecto, podría haber significado que la información, parte de la cual es bastante rutinaria, pertinente a la presidencia de Trump podría mantenerse sellada al público a perpetuidad.
El privilegio ejecutivo es la doctrina según la cual los presidentes pueden esperar que los consejos que reciban de los funcionarios permanezcan confidenciales. La tradición es fundamental para la noción de separación de poderes para garantizar la integridad del poder ejecutivo y, en la práctica, es vital para los presidentes durante las grandes crisis nacionales. Pero si bien se considera que los expresidentes disfrutan de cierta protección del privilegio ejecutivo por eventos que ocurrieron durante su tiempo en el cargo, se considera que la decisión final recae realmente en el presidente en ejercicio. Biden había decidido que el interés nacional representado al obtener una contabilidad de la insurrección del 6 de enero superaba el deseo de Trump de mantener en secreto el material.
Chutkan mantuvo ese punto de vista.
“Es el presidente en ejercicio quien está mejor situado para proteger los intereses del poder ejecutivo”, dijo Chutkan, y agregó que el privilegio presidencial “existe para el beneficio de la República, no para cualquier individuo”.
Al invocar la frase “Los presidentes no son reyes”, la jueza estaba repitiendo una línea utilizada por la jueza Ketanji Brown Jackson en un caso sobre el desafío del ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn a una citación temprana. En última instancia, McGahn testificó ante el Congreso, pero varios años después de la citación inicial, un modelo que Trump parece seguir ahora en un intento por frustrar la investigación de insurrección en el Capitolio.
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El presidente de la comisión le dice a Trump que madure
La apelación de Trump al fallo del martes por la noche por sí sola no impedirá que los Archivos Nacionales comiencen a entregar documentos antes de la fecha límite del viernes. Pero podría buscar una orden judicial para detener el proceso mientras el litigio pasa por los tribunales de apelaciones. La estrategia de Trump también significa potencialmente que el caso podría terminar en la Corte Suprema y producir respuestas sin precedentes sobre el alcance de los poderes de un expresidente con respecto al privilegio ejecutivo.
El presidente de la comisión selecta, el representante Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi, tuvo duras palabras para Trump después de que se anunció el fallo.
“Si llevas tu problema a la corte y pierdes, entonces necesitas madurar y lidiar con él y no ser un mocoso malcriado, así que espero obtener esta información”, le dijo Thompson a Chris Cuomo de CNN.
Sin embargo, en la vida privada, empresarial y política, Trump es un litigante en serie y, a menudo, frívolo, y considera que el sistema judicial es una forma de retrasar la rendición de cuentas tanto como un mecanismo de aplicación de la ley. Por lo tanto, su apelación, en un proceso que ha sido claro durante mucho tiempo, tiene la intención de agotar el tiempo en la comisión, no es una sorpresa.
Un portavoz de Trump, Taylor Budowich, tuiteó una declaración que indicaba que el expresidente ve el fallo del martes como un revés temporal en un proceso mucho más largo.
“La batalla para defender el Privilegio Ejecutivo para los presidentes pasados, presentes y futuros, desde el principio, estaba destinada a ser decidida por los Tribunales de Apelaciones”, escribió Budowich. “El presidente Trump sigue comprometido con la defensa de la Constitución y la Oficina de la Presidencia, y estará llevando a cabo este proceso”.
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La idea de que Trump está actuando para defender la integridad de una oficina cuyas tradiciones pisoteó con frecuencia, y casi destruyó al final de su mandato a principios de este año, es ridícula. Sus mentiras sobre una elección robada y sus intentos de usar el poder de su cargo para frustrar una transición pacífica del poder y negar la voluntad de los votantes en unas elecciones libres y justas ofrecen una lectura más precisa de su actitud hacia la Constitución.
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