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Conocer la historia para no repetirla: la Comisión de la Verdad de Colombia entrega informe con años de investigación del conflicto armado

Ángela Reyes

(CNN Español) — Mirar la historia críticamente para que no se repita: ese fue el llamado del presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, el sacerdote Francisco de Roux, al presentar este martes el informe final del grupo que ha dedicado miles de horas a recuperar la memoria del conflicto armado que diezmó al país durante más de medio siglo.

“Pedimos a los y las colombianas acoger las verdades de la tragedia y tomar la determinación de no matar por ningún motivo. Pedimos reconocer a la víctimas de conflicto y a comprometernos con la reparación integral”, dijo de Roux durante un discurso en el que envió mensajes específicos para múltiples actores de la sociedad, entre ellos el Estado, los empresarios, los militares y las organizaciones armadas.

Advertencia sobre el conflicto vigente

“A las organizaciones armadas que no aceptan la legitimidad del Estado les pedimos escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya, de todos los lados”, dijo de Roux.

En otro extracto de su discurso, advirtió que “hay todavía un conflicto de varios actores que puede volver a tomar fuerza en otro periodo de confrontación total si no se dan pasos serios hacia la construcción de la paz grande”.

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El informe sostiene que, a cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, “la lenta y parcial implementación de lo pactado, sumada al recrudecimiento de la violencia en algunas zonas, han obstaculizado la posibilidad de avanzar decididamente hacia la construcción de paz”.

De hecho, aunque en los papeles Colombia es un país en posconflicto, la cantidad de personas desplazadas internamente sigue aumentando a medida que otros grupos armados continúan enfrentándose violentamente, explica en este artículo de CNN Julia Margaret Zulver. El país tiene el tercer mayor número de desplazados internos en el mundo, solo detrás de Siria y la República Democrática del Congo.

Mensaje contra las armas y por el respeto a las manifestaciones

“Pedimos a todos los estamentos sociales y políticos profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario de lo público, la participación incluyente y deliberativa y el respeto a la movilización como expresión de derechos”, dijo de Roux durante la presentación del documento.

Su mensaje contra las armas también implicó a las “naciones amigas” del extranjero, a quienes pidió que dejen de ver a Colombia como un país que “necesita armas para sobrevivir en el conflicto”. “No nos den nada para la guerra”, remarcó.

Al Ejército, otro de los protagonistas del conflicto, le pidió que ponga “el honor en la paz” y que las medallas “no sean por cadáveres sino por personas vivas culpables o inocentes para la justicia restaurativa”.

También la Justicia fue destinataria del mensaje: de Roux pidió “frenar la impunidad y garantizar la transparencia de los estamentos de investigación y juzgamiento”.

Los más golpeados por el conflicto armado en Colombia

En su mensaje, el presidente de la Comisión de la Verdad reconoció a las poblaciones que han sido golpeadas “desproporcionadamente” por la guerra: indígenas, afrocolombianos, raizales y romm. Y lo hizo de la mano de un llamado a “superar el racismo estructural” y la “exclusión injusta” de la que han sido víctimas estos grupos.

En este sentido, desde la comisión llamaron al Estado y los empresarios a dar prioridad a las recomendaciones que hacen para la vida digna de las comunidades excluidas.

“Pedimos a la sociedad el compromiso de asumir un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron a la incapacidad de conocer al otro y la otra como seres humanos de igual dignidad”, dijo en su mensaje.

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El presidente electo, Gustavo Petro, también habló en la presentación del informe. “Estas recomendaciones se volverán eficaces en la historia de Colombia para la no repetición del conflicto armado”, dijo.

El actual presidente, Iván Duque, no asistió al evento.

La historia de la Comisión de la Verdad en Colombia

La creación de la Comisión de la Verdad se anunció en 2015 en La Habana, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos negociaba el acuerdo de paz con guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Nos urge dar respuesta a los colombianos, y en especial a las miles de víctimas que reclaman verdad. Las víctimas son la razón de ser de este esfuerzo por poner fin al conflicto”, expresó en ese entonces el jefe de las negociaciones del Gobierno, Humberto de La Calle.

El Congreso aprobó su creación dos años después, en 2017, como un mecanismo “temporal y extrajudicial” para “conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas”, según la información oficial.

Forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que también está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una unidad para la búsqueda de personas consideradas desaparecidas, entre otras.

El objetivo de la comisión es contribuir a una “explicación amplia de la complejidad del conflicto armado”, abordando además temas menos conocidos como la violencia de género y el impacto que tuvo en los niños. También busca contribuir al reconocimiento de las víctimas del conflicto y el reconocimiento voluntario de quienes han tenido responsabilidades en los hechos. El tercer objetivo que se planteó en su creación es “promover la convivencia en los territorios”.

La comisión estaba formada originalmente por 11 personas que se dedicaron a tiempo completo a sus tareas y trabajaron como un cuerpo colegiado. Dos de ellas fallecieron. Los integrantes fueron elegidos, a través de una convocatoria pública, por un jurado independiente del Gobierno y los partidos.

Está presidida por Francisco de Roux, sacerdote, economista y filósofo que fundó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. El perfil de cada uno de los miembros puede consultarse aquí.

La comisión, según el decreto de 2017 que regula su existencia, es un “ente autónomo e independiente” de rango constitucional que tiene autonomía técnica, de presupuesto y administrativa.  La información que se ha brindado a la comisión o que esta produjo no puede ser traslada a la justicia como elemento de prueba.

Con información de Julia Margaret Zulver, Germán Padinger y Sebastián Jiménez.

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