México envía al Ejército y a la Guardia Nacional a Guerrero por ola de violencia, mientras miles de personas son desplazadas
Más de mil familias indígenas han sido desplazadas en la Montaña Baja de Guerrero, un estado ubicado en el centro de México, tras varios días de ataques armados que las propias comunidades atribuyen al grupo criminal “Los Ardillos”, en una escalada de violencia que el gobierno federal ubica en la disputa entre organizaciones criminales que operan en la región.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que los ataques comenzaron el 6 de mayo en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez. Desde entonces, aseguran, la violencia ha obligado a familias enteras a abandonar sus casas durante la madrugada.
Mientras el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que buscan contener la crisis mediante diálogo y la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional para evitar más enfrentamientos, las comunidades denuncian ataques armados, uso de drones y abandono por parte del Estado.
CNN solicitó comentarios a la Presidencia de México sobre las denuncias que hace la comunidad y espera respuesta.
“Más allá de que haya grupos delictivos ahí, que evidentemente tiene que atenderse con la fuerza de la ley, hay muchas personas alrededor. Entonces, no se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria este miércoles.
“Entonces, por eso, le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera de manera personal, también está atendiendo el gobierno del estado, para permitir que salgan las personas heridas, atender a las personas desplazadas y después ya vemos, mediante el diálogo, cómo pueden regresar estas personas”, agregó.
En uno de sus mensajes publicados en redes sociales, mujeres de estas comunidades indígenas resumieron así la situación: “Más de mil familias estamos siendo desplazadas en este momento por los ataques del grupo criminal ‘Los Ardillos’. Ya han desplazado a la comunidad de Tula y están ahorita desplazando a Acahuehuetlan y Xicotlan”, dice una de ellas en un video publicado este sábado.
“Nuestros niños y niñas están en medio de la balacera. Estamos siendo atacadas con metralletas y drones, mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional observan sin hacer nada”, agrega.
Los testimonios difundidos por la propia comunidad muestran escenas de familias huyendo de madrugada, mujeres cargando cobijas y bolsas con pertenencias básicas. “Pasamos la noche huyendo, cargando a nuestros hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques del grupo narco paramilitar ‘Los Ardillos’”, dicen en otro video publicado un día después, el domingo 10 de mayo cuando se celebraba el Día de las Madres en México.
“¿De qué sirve hablar de ‘transformación’ mientras seguimos enterrando y buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidos?”, añaden.
Conforme pasan los días, las comunidades han ido actualizando sus propias cifras sobre el desplazamiento. Primero hablaron de más de mil familias que habían abandonado sus hogares. Este martes, el CIPOG-EZ aseguraba que solo de la comunidad de Alcozacán habían salido más de 1.300 personas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que los hechos más recientes dejaron al menos 1.200 nuevos desplazados, una cifra que —sumada a desplazamientos previos registrados en la región— eleva el total a unas 2.200 personas desplazadas en la Montaña Baja de Guerrero.
“Este desplazamiento masivo forma parte de un patrón sostenido de agresiones, amenazas y ataques contra comunidades indígenas que, desde hace años, denuncian la presencia y expansión de la delincuencia organizada en la Montaña baja”, dijo Frayba en un comunicado.
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, reconoció este martes la gravedad de la situación y sostuvo que la violencia responde a una disputa entre dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Tlacos.
Harfuch informó además que las autoridades tenían identificadas inicialmente a 96 personas desplazadas y señaló que había presencia de la Guardia Nacional y del Ejército desde el inicio de la crisis.
“Es muy, muy delicado”, dijo el funcionario. “La autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía”, agregó.
El secretario sostuvo que el gobierno busca evitar un operativo que provoque un enfrentamiento directo y ponga en riesgo a las personas atrapadas en la zona. “Hay ahí actores y ciertas personas que en el momento que ingresara la autoridad federal, se pondría en riesgo la vida de otras personas”, afirmó.
La presidenta Sheinbaum respaldó esa postura y aseguró que la prioridad era proteger a la población civil antes de realizar operaciones.
“Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil”, dijo. “Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”.
La mandataria explicó que la estrategia se ha concentrado inicialmente en abrir paso para atender a personas heridas y desplazar ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas.
La Secretaría de Gobernación informó el despliegue de 690 elementos del Ejército, 400 integrantes de la Guardia Nacional y 200 policías estatales en la región, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.
La dependencia aseguró que se liberaron bloqueos carreteros mediante diálogo y que se establecieron corredores de seguridad para permitir el ingreso de alimentos, atención médica y suministros básicos.
También informó que autoridades federales y estatales visitaron comunidades como Alcozacán y Coatzingo para reunirse con familias desplazadas y ofrecer apoyo humanitario.
En un comunicado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que “el diálogo es una prioridad para el Estado mexicano” y afirmó que el objetivo es construir “condiciones duraderas de paz y convivencia en la región”.
El gobierno agregó que se restablecerían Bases de Operaciones Interinstitucionales y que permanecería presencia de fuerzas federales y estatales en la zona.
La violencia en la Montaña Baja de Guerrero no es nueva. De acuerdo con Insight Crime, la violencia en Chilapa forma parte de una disputa territorial que se intensificó tras la fragmentación de la Organización Beltrán Leyva en 2010. De ese reacomodo criminal surgieron grupos como “Los Ardillos” y “Los Rojos”, que comenzaron a pelear el control de distintas zonas de Guerrero.
Chilapa se encuentra en una zona cercana a la Montaña de Guerrero, donde “abundan los cultivos de amapola” utilizados para la producción de heroína, explica Insight Crime, lo que ha convertido al municipio en un punto clave para las rutas del narcotráfico en la región.
En pueblos como Tula, Xicotlán y Alcozacán, la vida cotidiana ha quedado suspendida entre las balaceras, los caminos bloqueados y el temor de la violencia. “El silencio en las calles, las casas abiertas y los caminos desiertos revelan la magnitud de la crisis: un pueblo entero obligado a huir para salvar la vida”, señala el Frayba.
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